Causa Sapucay: El tiempo que pasa y la verdad que huye

El Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió pasar a un cuarto intermedio la causa en el que se exponen hechos contenidos en la causa 3002/2017 conocida como Causa Sapucay.

Lo que ocurre es que no puede resolver si incorporará por lectura o llamará a declarar a los testigos de identidad reservada. Este hecho es de importancia, porque los datos que puedan ser incorporados por los declarantes podría cambiar la situación procesal de los imputados.

La legalidad del proceso también está en juego, porque ninguno de los abogados litigantes tuvo acceso a las escuchas y a las pruebas que respalden las declaraciones de los supuestos testigos protegidos.

Así las cosas, la falta de definiciones y un problema técnico pone en dudas la continuidad del juicio durante el presente año.

En el transcurso de los días se informaría si el Tribunal decide seguir el debate o pasarlo al año próximo. En 2021 se cumplirá cuatro años de la detención de los imputados. La ley establece que sólo pueden estar detenidos tres años.  llevó adelante una nueva jornada del juicio por narcotráfico en el que se investigó supuestos movimientos ilícitos desde esa ciudad a siete provincias.

En ese contexto declararon públicamente dos imputados, mientras que se analizó en secreto situaciones expuestas por testigos de identidad reservada.

En la primera etapa dos testigos se abocaron a explicar su situación en relación a lo que habían expuesto los investigadores de la Gendarmería Nacional.

Si bien los dos testigos expusieron respecto a las acusaciones, el Ministerio Público Fiscal se abocó a realizar preguntas casi exclusivamente de índole poblacional y social.

Como si se tratase de un juicio a la gestión de gobierno o al desarrollo económico de la provincia de Corrientes, los fiscales indagaron insistentemente en la cantidad de ciudadanos que habitan el poblado.

Las preguntas rondaron en la actividad laboral de los vecinos, poder adquisitivo y hasta en sus costumbres de consumo. Un acto más parecido a una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) que un cuestionario en el contexto de un debate.

Igualmente, las respuestas fueron claras: Los habitantes de Itatí ejercen actividad lícita. Existen profesionales, vecinos que se desempeñan en el comercio, servicios turísticos y empleo público.

“No es como dicen los que declararon, que la gente vive del narcotráfico. La gente de Itatí trabaja”, sostuvo uno de los declarantes.

Tal vez, el año próximo el Tribunal defina la situación de los imputados. Y, quizá, los jueces puedan solucionar con un fallo la acuciante situación económica que afecta a los pobladores de uno de los pueblos más religiosos del país.

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