La FACA denuncia al estado ante la ONU por las escuchas

Presentación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados ante el Relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados y los Abogados

Buenos Aires, 28 de junio de 2019.

Señor Relator Especial del

Consejo de Derechos Humanos de las

Naciones Unidas sobre Independencia de

Magistrados y Abogados.

Doctor Diego García Sayán.                            

Oficina de las Naciones Unidas en

Ginebra 8-14 Avenue de la Paix

1211 Ginebra 10 – Suiza

S                                     /                                     D       

De nuestra mayor consideración:

          La Federación Argentina de Colegios de Abogados, entidad representativa del foro organizado de la República Argentina, que se halla integrada por ochenta y dos Colegios y Asociaciones de Abogados de todo el país, fundada el 12 de julio de 1921 y  en conformidad con lo resuelto por la Junta de Gobierno celebrada el día 14 de junio de 2019 en la ciudad de Dolores, venimos a poner en conocimiento del Excmo. Señor Relator de graves hechos, que violentan los derechos humanos de las personas priva-das de su libertad y el ejercicio de la defensa, garantías aseguradas no sólo por la Constitución Nacional de la República Argentina, sino también por distintos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, encontrándose obligado el Estado Argentino a respetar aquellos instrumentos y a responder en caso de incumplimiento.

          Esta Federación, en su Junta de Gobierno del día 29 de marzo ppdo. en la ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, emitió una declaración respecto de la situación de la justicia argentina.

           Más tarde, el 5 de junio, la Mesa Directiva se pronunció sobre las escuchas de conversaciones entre personas privadas de su libertad. Estas escuchas fueron difundidas profusamente por medios masivos de comunicación. Se acompañan copias de ambos pronunciamientos.

            Estas escuchas y su indiscriminada difusión, representan graves violaciones a los Derechos Humanos, a la privacidad de las personas privadas de su libertad y particularmente al ejercicio de la profesión de abogado, violentando el deber de confidencialidad y el secreto profesional.

            Debe señalarse que el Relator Especial de este Consejo de Derechos Humanos de la ONU en materia de privacidad, Joseph Cannataci, hizo públicos sus cuestionamientos al sistema de vigilancia en Argentina (ver   https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/

DisplayNews.aspx?NewsID=24639&La) y dio cuenta de sus “varias vulnerabilidades inherentes que se derivan de: a) el uso excesivo de las interceptaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todos los tipos de delitos y no como el último recurso para los delitos graves; b) la debilidad de los controles en la cadena de custodia sobre el acceso al contenido de las interceptaciones; y c) la falta de un control independiente sobre el uso de las inter-ceptaciones”. Y que le fueron señalados “varios casos de vigilancia ilegal”.

            Asimismo, el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990, ha adoptado ciertos principios, con el expreso fin de “ayudar a los Estados Miembros en su tarea de promover y garantizar la función adecuada de los abogados” y que “deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de su legislación y práctica nacionales, y deben señalarse a la atención de los juristas así como de otras personas como los jueces, fiscales, miembros de los poderes ejecutivo y legislativo y el público en general.”

            Especialmente en el numeral 22 se expresa “Los gobiernos reconocerán y respetarán la confidencialidad de todas las comunicaciones y consultas entre los abogados y sus clientes, en el marco de su relación profesional” y en el 8 “A toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitarán oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial” y que “no se escuchará la conversación”.

Ha expresado también la Relatoría Especial sumo interés por “la situación de los abogados y en particular los obstáculos para el ejercicio independiente de la profesión y las graves violaciones que padecen y el papel que deberían desempeñar los colegios de abogados en la protección de la independencia de los abogados y el fortalecimiento del estado de derecho”

(https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10553.pdf )

            El Comité de Derechos Humanos encargado de interpretar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en concreto su artículo 14.3.b) respecto del “derecho a comunicarse con un defensor de su elección” (en consonancia con cuanto para la región establece el artículo 8.2.d. de la Convención Americana sobre Derechos Hu-manos, en orden a que “durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igual-dad, a las siguientes garantías mínimas: […] d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”), fue categórico en orden a que “el derecho a co-municarse  con el defensor exige que se garantice al acusado el pronto acceso a su abogado. Los abogados deben poder reunirse con sus clientes en privado y comunicarse con los acusados en condiciones que garanticen plenamente el carácter confidencial de sus comunicaciones. Además, los abogados deben poder asesorar y representar a las personas acusadas de un delito de conformidad con la ética profesional establecida, sin ninguna restricción, influencia, presión o injerencia indebida de ninguna parte” (Observación General 32, “El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia” párr. 34).

                Es en el ámbito de la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de Naciones Unidas donde se trata del mecanismo específico creado para proteger tales derechos.

Y al respecto, resulta de particular relevancia lo sostenido ya en el año 2009 por el entonces Relator Especial, Leandro Despouy, quien afirmó: “Uno de los principios fundamentales para el funcionamiento de los abogados se relaciona con la relación confidencial entre el abogado y el cliente. Sobre este punto, el principio 22 de los Principios Básicos estipula que ‘Los gobiernos reconocerán y respetarán la confidencialidad de todas las comunicaciones y consultas entre los abogados y sus clientes, en el marco de su relación profesional’. Este principio adquiere una importancia aún mayor cuando el cliente del abogado está privado de libertad”

(A/64/181,párr. 44, disponible en https://undocs.org/es/A/64/181).

                Afirmó asimismo: “El marco normativo del mandato es muy amplio y abarca un con-junto de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos pertinentes, en particular, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, así como otras normas de derecho internacional más específicas: Principios Básicos relativos a la independencia de la Judicatura de 1985; Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias de 1989, Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de 1990; Directrices sobre la Función de los Fiscales de 1990 y Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial de 2004…”

                  Al presentar su primer informe a la Comisión de Derechos Humanos el 10 de febrero de 1995, el Relator Especial afirmó:

“El derecho a una judicatura independiente e imparcial y a una abogacía independiente no es un derecho ni una prerrogativa de los jueces y abogados. Se trata de un derecho de los usuarios de la justicia. Al aplicar este derecho no debe hacerse ninguna distinción entre el norte y el sur, los ricos y los pobres, los países desarrollados y los países en desarrollo. Lo que los jueces y abogados procuran al administrar justicia sin miedo ni trato de favor y sin prestar atención a estas distinciones es proteger este derecho de los usuarios.”(Informe presentado por el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Sr. Param Cumaraswamy, de conformidad con la resolución 2002/43 de la Comisión de Derechos Humanos)

                Por su parte, el derecho de los detenidos a mantener comunicaciones confidenciales con sus abogados está también amparado en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos – “Reglas Mandela”- de la Asamblea General de Naciones Unidas. Pues como Regla 61.1 se establece, en consonancia con lo ya expuesto: “Se facilitarán a los reclusos oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un asesor jurídico o proveedor de asistencia jurídica de su elección, entrevistarse con él y consultarle sobre cualquier asunto jurídico, sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial, de conformidad con la legislación nacional aplicable. El personal penitenciario podrá vigilar visualmente las consultas, pero no podrá escuchar la conversación”.

                  Y en el orden regional, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp),

 establecen como Principio V que “toda persona privada de libertad tendrá derecho a la defensa y a la asistencia letrada, nombrada por sí misma, por su familia, o proporcionada por el Estado; a comunicarse con su defensor en forma confidencial, sin interferencia o censura, y sin dilaciones o límites injustificados de tiempo, desde el momento de su captura o detención…”

                    Finalmente, a los fines de contextualizar la situación que se informa, es dable señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido específicamente la problemática al emitir la Acordada 17/2019 (https://cij.gov.ar/nota-34961-Acordada-17-2019-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n.html) , por la que se disponen una serie de recomendaciones -en el apartado 1 numeral VI se refiere particularmente a la prohibición absoluta para intervenir comunicaciones entre abogados y clientes- y pro-pone la instrumentación de algunos cursos de acción que prima facie se exteriorizan como insuficientes, máxime cuando depende de la propia Corte Suprema de Justicia el órgano responsable de las escuchas, tal es la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial de la Nación – Corte Suprema de Justicia de la Nación).(Se acompaña copia del documento)

                          En razón de todo lo expuesto, y considerando que lo peticionado se encuentra dentro del marco definido para las actividades ordinarias de esa Relatoría Especial, es que la Federación Argentina de Colegios de Abogados viene a solicitar su intervención, para que previo pedido de informes al estado argentino, adopte las medidas que considere menester a efectos de restablecer la plena vigencia de las garantías y derechos violentados y formule un llamamiento urgente para que las autoridades del Estado argentino para que dispongan el inmediato cese de las intervenciones telefónicas indiscriminadas de los pabellones penitenciarios, a través de las cuales se concretan las comunicaciones de las personas privadas de su libertad con sus abogados, así como la inmediata destrucción de los registros de las comunicaciones realizadas en contravención al principio de confidencialidad y el secreto profesional.

                          Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Eduardo A Massot – Presidente

Marcelo C.C. Scarpa Secretario

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